En los últimos meses, el panorama de la salud en Colombia ha estado marcado por una serie de debates originados a partir de la presentación del proyecto de la reforma a la salud, con el cual se busca pasar de un modelo gestionado por el sector privado a uno liderado por entidades públicas, y con el que se pretende dar cubrimiento a todo el territorio nacional, como las zonas rurales y apartadas de los centros urbanos, para garantizar el acceso de todos los ciudadanos al sistema propuesto.
La actual reforma a la salud hace énfasis en la Atención Primaria en Salud Resolutiva, que a través de un enfoque preventivo y predictivo, funcionará por medio de la creación de los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (CAPIRS), a los que todos los ciudadanos deberán inscribirse para poder acceder al sistema. Estos centros prestarán los servicios básicos de salud (nivel primario) de manera permanente, los que a su vez garantizarán el acceso a los servicios de mediana y alta complejidad, que serán prestados por instituciones (clínicas y hospitales) públicas, privadas y mixtas que ya existen y todas las que puedan surgir durante el proceso de transición al nuevo modelo de salud.
Uno de los puntos clave del proyecto de ley de la reforma a la salud es la gestión de los recursos por medio de la Administradora de Recursos para la Salud, ADRES, que se encargará de realizar los pagos de manera directa a los prestadores de servicios de salud. Con lo cual, las actuales Entidades Promotoras de Salud, EPS, ya no administrarán estos recursos y dejarán de tener un rol de rectoría en el sistema, y según la reforma, podrán seguir operando pero con una función de índole administrativa, y aquellas que cumplan con las disposiciones técnicas de la ley podrán, entre otras funciones: “Crear y administrar Centros de Atención Primaria en Salud de los territorios asignados después de la territorialización dispuesta en esta ley; Administrar los sistemas de referencia y contrarreferencia de las personas vinculadas a sus Centros de Atención Primaria en Salud; y realizar o ejecutar las auditorías contratadas que requiera el Sistema de Salud”.
Así mismo, otro de los pilares que plantea la reforma a la salud está relacionado con el régimen laboral de los trabajadores de la salud, con el que se busca mejorar las condiciones laborales de este sector y garantizar la educación continua y de actualización de conocimientos de todo el personal sanitario. El articulado menciona que los trabajadores pertenecientes a las instituciones privadas y mixtas con participación en el sector público inferior al 90% deberán ser vinculados mediante contrato de trabajo conforme al Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de poder acceder a incentivos y beneficios que dignifiquen su labor.
Con respecto a los profesionales que hacen parte del sector público, la reforma plantea que será el Presidente de la República, quien a través de facultades extraordinarias, podrá conformar un régimen laboral especial para garantizar condiciones de trabajo justas y dignas de los trabajadores del sector público.
En materia de la prestación de los servicios de salud por parte del Estado, las actuales ESE (Empresas Sociales del Estado) pasarán a ser las Instituciones de Salud del Estado, ISE, que se constituirán como “entidades públicas, descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa”. Se agruparán por niveles de baja, media y alta complejidad y funcionarán a través de las Redes Integrales e Integradas en Servicios de Salud, RIISS. De acuerdo con la reforma a la salud, estas redes tendrán la misión de ofrecer servicios de calidad, oportunidad y equidad, para todas las personas y comunidades del país, garantizando con ello el derecho a la salud.
Otro de los puntos incluidos en el proyecto de reforma a la salud es la creación del Consejo Nacional de Salud, que formará parte en la dirección del sistema de salud junto al Ministerio de Salud y Protección Social, a nivel nacional. Esta entidad tendrá entre sus funciones proponer las políticas públicas en salud, llevar iniciativas en materia de reglamentación del sistema y velar por su buen funcionamiento. Se destaca, que este Consejo estará conformado por un grupo diverso de entidades públicas, empresariales, gremios, comunidades étnicas, sociales y profesionales.
Dentro de la iniciativa también se destaca la conformación del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud, SPUIIS, que busca fortalecer el sistema de información, y que tiene como característica principal el acceso en línea y en tiempo real de la información epidemiológica, clínica, científica, económica, administrativa, etc.; a través del uso de tecnología de última generación. Uno de los propósitos de este sistema es que permitirá hacer seguimiento a la salud de las personas y comunidades del territorio nacional, con lo cual se “Garantizará la información para su análisis sobre la situación de salud y la calidad de vida de la población, para contribuir a la toma de decisiones de las instancias de rectoría y dirección del Sistema de salud y de los agentes involucrados en ellas”.
Finalmente, la propuesta de reforma a la salud plantea que de ser aprobada, la transición al nuevo sistema de salud se hará de manera gradual a partir de la entrada en vigencia, destacando que ninguna persona deberá quedar desprotegida del derecho fundamental a la salud durante este proceso. Así mismo menciona que para la reorganización del Sistema de Seguridad Social en Salud en comunidades y pueblos indígenas, se hará Consulta Previa con sus autoridades, para tratar temas que les afecten directamente.
